Este gobierno ha iniciado la persecución frontal de aquellos contribuyentes que han vendido y que han comprado facturas que respaldan operaciones ficticias con la intención de reducir la cantidad de impuestos que se pagan al gobierno federal.
En este escenario es menester reconocer que una gran cantidad de contribuyentes cayeron en este esquema prolijamente difundido por muchas personas y despachos, y por lo cual acabaron adquiriendo facturas que hoy tienen registradas en su contabilidad y que representan un enorme riesgo no solo económico sino penal.
Las personas que venden este tipo de facturas cometen un delito al hacerlo pero también han cometido el acto de engaño con las personas que les adquirieron dichas facturas al no comunicarles que evaluaran el riesgo que dicha acción representaba.
El riesgo que no les declararon es el hecho de que la autoridad fiscalizadora SAT tiene de 5 a 10 años para invalidar las facturas que respaldan operaciones ficticias y para determinar impuestos omitidos, multas, recargos y actualizaciones además de fincar el delito penal.
Por lo que en este momento el SAT puede revisar registros y facturas hasta del ejercicio 2009.
Recordemos que la actual administración federal elevó la defraudación fiscal con estas facturas de operaciones inexistentes al nivel de lavado de dinero y delincuencia organizada.
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